El Tribunal Supremo ha ordenado que sea un juzgado de Madrid quien investigue las presuntas adopciones irregulares de niños rusos en Andalucía, ya que allí reside y tenía su centro de operaciones la ciudadana rusa acusada como presunta cabecilla de la red.
Fuentes judiciales han explicado a Efe que el alto tribunal ha resuelto que el caso sea investigado por el juzgado de instrucción 16 de Madrid, y no el de instrucción 14 de Sevilla, que abrió las diligencias hace tres años.
El juez se inhibió a comienzos de 2011 a petición de la Fiscalía, quien se basaba en que la presunta cabecilla de la red, la ciudadana rusa Olga Z., reside en Madrid y allí tenía su centro de operaciones.
Presuntamente la mujer contaba con la ayuda de su expareja F.A.J.R., acusado además de un presunto delito de blanqueo de dinero, de su actual compañero R.B.L. y de otro amigo, todos ellos españoles.
El juez sevillano mantenía imputadas en la causa a otras dos personas, un matrimonio cordobés que fue detenido en el aeropuerto de Barajas en octubre de 2008 cuando regresaba a España después de una fallida adopción gestionada por Olga Z.
El caso fue denunciado por la Junta de Andalucía, que suspendió temporalmente las adopciones "por libre" de niños en Rusia.
La ciudadana rusa, que ejercía la función de mediadora internacional, está acusada de falsificar el certificado de idoneidad que se exige en las adopciones, con lo que agilizaba los trámites y permitía una "adopción a la carta".
La Policía estimó en su día que unas doscientas familias contrataron los servicios de la mediadora, que al ser de nacionalidad rusa conocía los trámites administrativos de España y Rusia para las adopciones internacionales.
La principal imputada, que estuvo encarcelada por estos hechos, cobraba unos 50.000 euros por sus servicios, que incluían el viaje, la asistencia en Rusia y la traducción de los documentos. EFE
Fuente: http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1048102
Fuentes judiciales han explicado a Efe que el alto tribunal ha resuelto que el caso sea investigado por el juzgado de instrucción 16 de Madrid, y no el de instrucción 14 de Sevilla, que abrió las diligencias hace tres años.
El juez se inhibió a comienzos de 2011 a petición de la Fiscalía, quien se basaba en que la presunta cabecilla de la red, la ciudadana rusa Olga Z., reside en Madrid y allí tenía su centro de operaciones.
Presuntamente la mujer contaba con la ayuda de su expareja F.A.J.R., acusado además de un presunto delito de blanqueo de dinero, de su actual compañero R.B.L. y de otro amigo, todos ellos españoles.
El juez sevillano mantenía imputadas en la causa a otras dos personas, un matrimonio cordobés que fue detenido en el aeropuerto de Barajas en octubre de 2008 cuando regresaba a España después de una fallida adopción gestionada por Olga Z.
El caso fue denunciado por la Junta de Andalucía, que suspendió temporalmente las adopciones "por libre" de niños en Rusia.
La ciudadana rusa, que ejercía la función de mediadora internacional, está acusada de falsificar el certificado de idoneidad que se exige en las adopciones, con lo que agilizaba los trámites y permitía una "adopción a la carta".
La Policía estimó en su día que unas doscientas familias contrataron los servicios de la mediadora, que al ser de nacionalidad rusa conocía los trámites administrativos de España y Rusia para las adopciones internacionales.
La principal imputada, que estuvo encarcelada por estos hechos, cobraba unos 50.000 euros por sus servicios, que incluían el viaje, la asistencia en Rusia y la traducción de los documentos. EFE
Fuente: http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1048102
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