«La única defensa que les queda a los delincuentes es que se aplique la prescripción de los delitos. Habrá muchas presiones»
Enrique Vila Abogado de la Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares (Anadir)
El abogado valenciano Enrique Vila, en su despacho. :: IRENE MARSILLA
Enrique Vila (Casa cuna de Santa Isabel, Valencia, 1965) es el abogado de la Asociación Nacional Afectados por Adopciones Irregulares (Anadir), que lidera la batalla legal que trata de sacar a la luz la trama dedicada al robo de bebés en toda España entre el franquismo y la década de los noventa. Vila sabe de lo que habla y lo ha contado en su segundo libro, 'Vidas robadas', porque él mismo fue adoptado. Cuando lo descubrió, con 23 años, empezó a buscar a sus padres biológicos y, a pesar de que ya se ha hecho dos veces la prueba de ADN con posibles candidatas a ser su madre, aún no la ha encontrado.
-¿De cuántos niños sustraídos estamos hablando?
-Estamos desbordados. A estas alturas, todo el mundo conoce a alguien que está afectado y es algo muy complicado de calcular, pero yo me atrevo a hablar de unos 300.000 casos.
-¿Cuánto se pagaba por un bebé?
-La cantidad más elevada con la que me he encontrado era un millón de pesetas de la época y el otro día apareció un señor diciendo que él había pagado tres millones en los años ochenta. Porque esto se produjo hasta bien entrados los noventa.
-Hay mucha gente que considera increíble que los robos se prolongasen hasta entonces.
-Pues pasaba. Pasaba y el otro día unos padres reconocían que, en el año 1986, cuando fueron a adoptar a su hija, se encontraron con intermediarios que les ofrecieron abiertamente la posibilidad de comprarla. Era 1986. Se trataba de una práctica consolidada que fue disminuyendo a mediados de los noventa. Hay que recordar que en enero de 2011, muy poco antes de la denuncia colectiva que interpuso Anadir, fueron detenidos varios intermediarios en Tenerife que iban a vender a una niña. En ese caso, la madre era una indigente que consentía, pero no deja de ser un delito. Por tanto, hoy en día, se siguen comprando bebés, aunque no con tanta intensidad.
-Una reforma legal acabó con la impunidad de los médicos.
-Así es. En 1987 se modificó el Código Civil en materia de acogimientos, de forma que se dio más intervención a la Administración. Como Bienestar tenía más peso, los médicos tenían menos posibilidad de maniobra. Es por esa razón por la que la práctica disminuye a partir de esa época.
-¿Qué protocolo debe seguir alguien cuando le comunican que su bebé ha fallecido?
-Hoy es prácticamente imposible que ese tipo de robos ocurra, gracias a las pulseras de identificación que se les colocan tanto al bebé como a la madre. O a la huella del pie del niño. Ahora dudo de que eso ocurra, porque los protocolos de los hospitales públicos y privados son absolutamente seguros. Es posible tener certeza absoluta de que el niño ha fallecido de verdad.
-Habla del mayor escándalo de las democracias occidentales.
-Sin duda. Por el número de gente que está saliendo, es un escándalo absoluto. Yo no conozco nada igual. En Australia pasó con los niños aborígenes en su día y el Gobierno tuvo que pedir perdón. Y se comenta que en la Irlanda católica también pudo suceder, pero en este caso estamos hablando de una compraventa de personas abierta, habitual, en una democracia. Algo tremendo.
-Una compraventa en la que la Iglesia aparece en muchos casos.
-Sin duda. Por no la institución, sino determinados monjas y sacerdotes. Personas concretas. No es que participase o lo fomentase la Iglesia católica, sino que había miembros de la Iglesia que participaban en estas mafias. Bien haciendo la vista gorda o dando su consentimiento expreso.
-Una trama que desvinculan de la represión franquista.
-Aunque se dio como una forma de represión con hijos de mujeres de izquierdas, luego el interés político cesó y se mantuvo el puramente económico. Estamos hablando de un negocio multimillonario. Se pagaban cantidades muy elevadas que equivalían a lo que valía un piso.
-¿Se trata de una mafia conectada en todo el territorio nacional?
-Sí. Es una mafia que operaba en todo el país. Clarísimamente, además, porque los niños que se robaban acababan en puntos muy distantes del territorio nacional. Los compradores tenían contacto con clínicas de toda España, donde se proveían de niños.
-En Asturias, nueve casos están ya en manos de la Fiscalía. ¿Son delitos que no han prescrito?
-No han prescrito. Esa será la gran batalla judicial y, aunque hay opiniones jurídicas para todos los gustos, son delitos permanentes. La única defensa que les queda a los delincuentes es que se aplique la prescripción y que, finalmente, no caiga sobre ellos el peso de la ley por un simple tecnicismo. Pero esas personas están vivas, siguen inscritos como hijos falsos y esos delitos se tienen que perseguir. Alegar la prescripción ahora a mí me parecería jurídicamente vergonzoso.
-Y también están vivos quienes cometieron esos delitos.
-Claro. Va a haber muchas presiones para que esto se olvide, pero la Fiscalía ya ha dicho que hay hechos constitutivos de delito. El problema es que en España puede aplicarse la prescripción y puede haber una persona que haya asesinado a alguien paseando por la calle. Por lo menos, que se sepa quiénes son. Si tenemos la desgracia de que son delitos que no se pueden castigar porque han pasado determinados años, al menos, que se sepa que lo hicieron y que tuvieron la suerte de librarse , pero yo entiendo que se les puede juzgar todavía.
-¿Se puede confiar en que aparezcan las personas que buscan?
-Con el cruce de datos de ADN yo entiendo que sí, pero desde el punto de vista jurídico es difícil tirar de ningún hilo porque no sabemos cuál es el origen de los niños. A menos que los padres falsos confiesen y digan en qué ciudad lo compraron y de qué clínica provienen. Entonces, podremos encontrar a las mujeres que dieron a luz allí en aquella época. Pero hay mucha gente que morirá sin saber que fue un niño robado. Gente que no tiene ni la más mínima sospecha, ni un solo documento que lo pruebe. Hay quien habrá muerto ya sin saberlo.
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