Al principio de enero el Parlamento ruso aprobó una serie de sanciones contra "aquellos que violan los derechos de los ciudadanos de la Federación Rusa". Se introduce, entre otras, la prohibición de las actividades de las organizaciones no gubernamentales que reciben apoyo financiero de los EE.UU., y se prohíbe a los ciudadanos estadounidenses participar en las actividades políticas en Rusia, así como adoptar a un niño ruso.
Esta nueva ley es sin duda una reacción a la Ley Magnitski aprobada en diciembre en los Estados Unidos, que introduce sanciones contra los funcionarios rusos responsables de la muerte de Sergei Magnitsky, un abogado de la inversión de fondo de capital Hermitage. Magnitski murió en prisión preventiva en 2009, después de exponer un enorme fraude fiscal por parte de la policía y funcionarios fiscales rusos. Su muerte se convirtió en un símbolo de la corrupción y la impunidad del régimen.
La ley ha tenido una resonancia social enorme. La prohibición de la adopción se convirtió en el detonador de otra ola de críticas a Putin. El periódico de la oposición, Novaya Gazieta, recogió en un día las 100 mil firmas necesarias para presentar una iniciativa legislativa para derrocar a esta ley. También fueron ampliamente criticadas las pésimas condiciones en los orfanatos rusos y el hecho de que alrededor del 10% de los niños adoptados por ciudadanos estadounidenses son niños con discapacidades. En 2011 los estadounidenses adoptaron casi un millar de niños, lo que representa aproximadamente 1/3 de todas las adopciones extranjeras en Rusia.
La ley, que pretende ser un contraataque contra los EE.UU., ha dividido a la élite rusa que, hasta ahora, apoyaba a Putin en sus críticas a Estados Unidos cuya actitud política hacia Rusia fue considerada hostil. Reconociendo la necesidad de revisar las reglas para la adopción, varios políticos y diputados del partido Rusia Unida, jerarcas de la Iglesia Ortodoxa, así como expertos y representantes de los medios de comunicación y la cultura, conocidos por su apoyo al gobierno, han criticado la prohibición. Además, muchos se han opuesto a la utilización de los niños de los orfanatos para asuntos de política exterior.
La nueva ley se ha convertido en la segunda iniciativa del Kremlin que es objeto de controversia en las filas de la élite. La primera fue una propuesta, como parte de una campaña anti-corrupción, para prohibir a los funcionarios tener propiedades en el extranjero. La élite rusa, después de haber adquirido una considerable riqueza y libertad de movimientos, se está mostrando cada vez más cansada del gobierno de Putin. Mientras que antes Putin ofrecía a la élite la riqueza y la impunidad a cambio de lealtad, ahora exige que tome partido en el caso Magnitski, que podría dificultar sus negocios en el Oeste.
Muchos opinan que la nueva ley, que supuestamente tiene como objetivo a los Estados Unidos, es en realidad contra los propios ciudadanos rusos y continúa las políticas adoptadas por el Kremlin después de una ola de protestas de hace un año. Puede que Putin, que necesitaba una nueva forma de atraer a los votantes, ha conseguido lo contrario: la élite se ha unido a la oposición política en su crítica. Este inesperado cambio de la situación abre nuevas perspectivas.
Esta nueva ley es sin duda una reacción a la Ley Magnitski aprobada en diciembre en los Estados Unidos, que introduce sanciones contra los funcionarios rusos responsables de la muerte de Sergei Magnitsky, un abogado de la inversión de fondo de capital Hermitage. Magnitski murió en prisión preventiva en 2009, después de exponer un enorme fraude fiscal por parte de la policía y funcionarios fiscales rusos. Su muerte se convirtió en un símbolo de la corrupción y la impunidad del régimen.
La ley ha tenido una resonancia social enorme. La prohibición de la adopción se convirtió en el detonador de otra ola de críticas a Putin. El periódico de la oposición, Novaya Gazieta, recogió en un día las 100 mil firmas necesarias para presentar una iniciativa legislativa para derrocar a esta ley. También fueron ampliamente criticadas las pésimas condiciones en los orfanatos rusos y el hecho de que alrededor del 10% de los niños adoptados por ciudadanos estadounidenses son niños con discapacidades. En 2011 los estadounidenses adoptaron casi un millar de niños, lo que representa aproximadamente 1/3 de todas las adopciones extranjeras en Rusia.
La ley, que pretende ser un contraataque contra los EE.UU., ha dividido a la élite rusa que, hasta ahora, apoyaba a Putin en sus críticas a Estados Unidos cuya actitud política hacia Rusia fue considerada hostil. Reconociendo la necesidad de revisar las reglas para la adopción, varios políticos y diputados del partido Rusia Unida, jerarcas de la Iglesia Ortodoxa, así como expertos y representantes de los medios de comunicación y la cultura, conocidos por su apoyo al gobierno, han criticado la prohibición. Además, muchos se han opuesto a la utilización de los niños de los orfanatos para asuntos de política exterior.
La nueva ley se ha convertido en la segunda iniciativa del Kremlin que es objeto de controversia en las filas de la élite. La primera fue una propuesta, como parte de una campaña anti-corrupción, para prohibir a los funcionarios tener propiedades en el extranjero. La élite rusa, después de haber adquirido una considerable riqueza y libertad de movimientos, se está mostrando cada vez más cansada del gobierno de Putin. Mientras que antes Putin ofrecía a la élite la riqueza y la impunidad a cambio de lealtad, ahora exige que tome partido en el caso Magnitski, que podría dificultar sus negocios en el Oeste.
Muchos opinan que la nueva ley, que supuestamente tiene como objetivo a los Estados Unidos, es en realidad contra los propios ciudadanos rusos y continúa las políticas adoptadas por el Kremlin después de una ola de protestas de hace un año. Puede que Putin, que necesitaba una nueva forma de atraer a los votantes, ha conseguido lo contrario: la élite se ha unido a la oposición política en su crítica. Este inesperado cambio de la situación abre nuevas perspectivas.
Comentarios