La Consellería de Benestar suprime el seguimiento gratuito de los menores
El proceso de adopciones está en muchos casos envuelto en una nebulosa que preocupa a los colectivos de padres, que denuncian abusos en algunas Entidades Colaboradoras de Adopción Internacional (ECAI). Tanto la asociación Manaia como afectados que no se atreven a aparecer en público, aseguran que existen irregularidades en los trámites a través de la agencia de adopciones Interadop, ya que el coste inicial de las gestiones que firman en el contrato dista mucho de la cantidad que finalmente desembolsan. Cantidades que superan los 24.000 euros sin facturas y que no terminan con la llegada del menor a casa. Las entidades realizan un seguimiento postadoptivo que se puede alargar hasta la mayoría de edad del niño. La supervisión que no es gratuita y obliga a las familias a sufragar hasta un mínimo de 2.850 euros.
Las protestas también se hacen extensibles a la Xunta. La Asociación Menoria Cooperación con Etiopía, con sede en Vigo, envió este mes al Valedor do Pobo quejas de familias en las que muestran su malestar con los cambios operados respecto a los expedientes de seguimiento del menor adoptado. Cuando una familia adopta por vía internacional suscribe el compromiso de realizar cada tres meses durante el primer año, y con carácter anual el resto hasta casi la mayoría de edad del niño, una evaluación, que se hace llegar tras las gestiones pertinentes al país de origen. Hasta mayo de 2010, las familias podían efectuar estos trámites a través de la Administración gallega con carácter gratuito u optar por hacerlo por medio de los servicios de la entidad colaboradora, por un coste aproximado de 100 euros por cada expediente. Ahora, solo se puede escoger esta segunda vía con el gasto que conlleva, limitándose las delegaciones provinciales a atender solo los casos de seguimiento que ya venían realizando. La Consellería de Benestar afirma que esta medida se tomó porque detectaron que se perdían expedientes durante su tramitación, ya que los países que trabajan con agencias remitían los documentos a las mismas y no a la Xunta.Actualmente, los procesos de adopciones en Vietnam están vetados. La Asociación Manaia de Ayuda a la Adopción denunció en 2009 las supuestas irregularidades cometidas en Interadop Galicia con las adopciones en este país asiático. Manaia aseguraba que Interadop operaba "engañando a las familias y obteniendo un beneficio económico". Según esta sociedad, Interadop exigía a las familias cantidades no presupuestadas en el contrato que superaban los 5.000 euros y que se destinaban a un gestor. También destacaba que Interadop obligaba a las familias a firmar un documento llamado "consentimiento informado", en el que se incluían gastos como ofrendas a los miembros del comité popular o agilización en tramitaciones con cifras que alcanzaban hasta los 5.000 dólares americanos y que se justificaban como "detalles" con las autoridades. "No me extrañaría que este documento hubiese desaparecido porque compromete mucho a Interadop", afirma el presidente de Manaia, Juan Gaisse.
El delegado de Interadop Galicia no quiere hablar y delega la responsabilidad en su director Carlos Nina. EL PAÍS se ha intentado poner en contacto con Nina y tras varias llamadas la única respuesta que ha obtenido es la siguiente: "No estamos autorizados a hablar con ustedes". Con quien sí habló fue con el diario El Mundo en 2010, donde reconocía que "se debe contar con un pago en dinero negro" de 8.000 euros sin factura ni justificación para satisfacer favores y así adoptar de forma ágil y exitosa en Vietnam. Estas declaraciones costaron a esta empresa la suspensión temporal para tramitar expedientes con el país asiático en varias comunidades españolas. Así las cosas, las consejerías de Familia de Cantabria y Castilla y León han inhabilitado el trámite de adopciones a Vietnam a través de Interadop. En Galicia las gestiones para adoptar a un niño vietnamita están paralizadas debido a denuncias que recibió Benestar, según reconoció al Valedor do Pobo. En ellas, los denunciantes atestiguan que las entidades habilitadas en Galicia no acreditan los costes y tienen actuaciones incorrectas durante las tramitaciones. Por ello, suspendió las diligencias de nuevos expedientes con este país.
La Xunta elabora un contrato único
Las agencias de adopción tienen la obligación de tener a disposición del público la tarifa aprobada por la comunidad de Galicia, que ha de figurar en el contrato. Los consumidores no deben pagar nada que no esté justificado. "Si lo hace están consintiendo y fomentando prácticas irregulares y abusos", aseguran desde la Xunta, que aconseja que se exija el recibo de cualquier pago que se realice. Según la Consellería de Benestar, los usuarios de las agencias de adopción saben que pueden dirigirse a la Administración gallega para presentar las reclamaciones o quejas por el funcionamiento de las entidades colaboradoras. "Son los padres adoptivos quienes tienen que pedir explicaciones", asevera Benestar. "Si no somos conocedores de las denuncias no podemos hacer nada".Para que no haya dudas por parte de los adoptantes, la Xunta está trabajando en un modelo de contrato obligatorio y único que tendrán que aplicar todas las entidades y que tiene por objeto dejar más claras las obligaciones y derecho de cada una de las partes además del cobro de las cantidades. Al ser aún un borrador y no haberse iniciado formalmente su tramitación, la Xunta no ofrece información detallada del mismo.
Respecto al seguimiento postadoptivo, la consellería ya no lo realiza porque "supone una carga de trabajo que perjudica a otros procesos adoptivos", asegura. Además, la Xunta se apoya en que en la mayoría de los casos los solicitantes firman en el contrato que van a realizar los seguimientos con la entidad, con lo que de hacerlos directamente con los trabajadores públicos favorecerían el incumplimiento de sus compromisos.
Fuente: http://www.elpais.com/articulo/Galicia/Colectivos/padres/denuncian/cobros/abusivos/adopciones/elpepiautgal/20110606elpgal_9/Tes
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