Ante ella uno siente lo mismo que los críticos musicales frente a Lola Flores. Susana es fuego, y así se pone a hablar: "El primer día parí, el segundo di de mamar al bebé pero al tercer día me lo arrancaron de los brazos. Lloré, pataleé, grité. No sirvió de nada". Quienes se marchaban por el pasillo del hospital materno infantil de Málaga con el niño recién nacido en brazos eran técnicos de la Junta de Andalucía alertados porque los médicos habían encontrado restos de heroína en la sangre de la madre.
Susana, ya recuperada de su adicción a las drogas, luchó durante años para que se le restituyera la custodia de su hijo.- GARCÍA SANTOS
En el último cómputo que existe sobre las tutelas se asegura que 43.292 menores en España tienen alguna medida de protección. De esas miles de historias muchas están relacionadas con el mundo de la droga. Padres y madres toxicómanos a los que no se les considera aptos para cuidar a un hijo. Una sentencia reciente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que condenaba a la Generalitat a pagar cerca de un millón de euros a una pareja en rehabilitación a la que le quitaron un hijo y lo dieron en adopción, ha abierto la puerta a un sinfín de casos parecidos que hasta ahora estaban olvidados.
El calvario de Susana, nombre ficticio, continuó a las puertas del hospital. Allí pasó tres noches durmiendo, en el suelo. Aún no creía lo que acababa de pasarle. Harta y sola -su marido estaba en la cárcel por trapichear-, cogió un autobús y se fue a la playa, donde estuvo una semana consumiendo. "Eso me hizo olvidar todo, me quitó el dolor, pero de repente vi mi propia vida como una película. Fue una sensación extraña. Dije adiós muy buenas a los que estaban conmigo y llamé a mi familia. Quería volver a ser persona", narra. Pasó el mono al cuidado de unas monjas adoratrices y cada martes acudía a ver a su hijo a un centro de menores. Uno de esos días fue y no lo encontró. Lo habían dado en régimen de acogimiento a una pareja que no podía tener hijos. Lo acababa de perder.
María del Carmen Serrano, pedagoga y coordinadora del trabajo en prisión de Proyecto Hombre, ha visto decenas de casos como el de Susana y comenta que el procedimiento habitual es comprobar si los toxicómanos están rehabilitados. Si lo están les dejan con el niño, si no, se lo quitan. No hay un punto intermedio, y es ahí donde ella ve el fallo. "Hay que hacer un seguimiento. El que esté bien hoy puede no estarlo mañana o al revés. Solo se tiene en cuenta el momento en el que se toma la decisión, cuando obviamente estos casos necesitan una continua evaluación".
Tras las rejas no son pocos los que viven esta situación. Antonio Luis J. R., estuvo preso en la cárcel de Albolote, en Granada. Tiene 37 años.
"Le pido al juez que me devuelvan a mi hijo. Soy otra persona, estoy rehabilitado". Esas son las palabras que hizo llegar a este periódico a través de su abogada de oficio, Josefina Díaz. La Junta comprobó que su hijo estaba en desamparo: él estaba preso, la madre del niño también era consumidora y la abuela sufría una enfermedad degenerativa. Por todo ello se decidió a dar al menor, de siete años, en acogimiento familiar, un régimen que con el tiempo puede derivar en una adopción definitiva.
Esa lucha para paralizar el proceso es la que lleva a cabo Antonio Luis, pero el tiempo corre en su contra. Está parcialmente rehabilitado, según los informes de sus terapeutas que le ayudan a rehabilitarse en la prisión. Durante años fue drogadicto, se dedicó a delinquir, a vivir por esos barrios donde la vida no vale mucho, pero ahora, años después, es un preso modelo. No importa, en cambio. La maquinaria para que den su hijo en adopción sigue su curso. Antonio Luis, por ahora, se ha opuesto a la resolución de la Junta, está en régimen de tercer grado, semilibertad, y buscar un trabajo. "Así todo sería diferente", dice su abogada, "está luchando mucho por su hijo y tiene que convencer al juez de que puede hacerse cargo de él. Confío en que lo consiga, se lo merece". Está por ver qué ocurrirá finalmente.
Andalucía y Madrid, por ejemplo, tienen más de 5.000 menores bajo tutela. Es imposible saber cuántos están relacionadas con el mundo de la droga, pero los expertos calculan que son un buen número de casos. Una miembro de la comisión de tutelas de la Comunidad de Madrid explica que en los casos de padres drogodependientes su trabajo consiste en hacer prevalecer el bienestar de los niños. "Quitarles el hijo siempre es una decisión difícil, pero si no ejercen como tal hay que hacerlo", cuenta. No obstante, en primer lugar se buscan familiares próximos, como tíos o abuelos, que se puedan hacer cargo del menor. Si eso falla, se recurre al acogimiento. "En ese tiempo, se valora que entren en tratamiento. El problema es que muchos dicen que sí, que lo van a hacer, pero acaban volviendo al mundo de la droga. Es un tema muy complejo".
Recuperar a un hijo puede ser una buena excusa para salir de la droga. Así lo hizo Susana, a la que el proceso de perder al suyo le parece ahora una pesadilla lejana. Ella luchó. Después de un sinfín de recursos en los juzgados y ante la comisión de tutela logró que le devolviesen al suyo. Es una madre feliz que aparece en las fotos de una red social celebrando el cumpleaños de su "pequeño", como aún le llama, a pesar de que el chico es ya un adolescente. "Yo lo conseguí, recuperé a mi hijo luchando con todas mis fuerzas, pasando un síndrome de abstinencia brutal. ¿Por qué no lo puede hacer todo el mundo? Hay que pelear hasta el final".
Una sentencia histórica
El bebé nació en un parto en casa pero fue necesario hospitalizarlo por el síndrome de abstinencia que presentaba. Era diciembre del 2000. La madre, de 25 años, tardó 10 días en ir a verlo al hospital. El padre estaba en prisión. La administración se puso en contacto con la abuela materna, quien dijo que ya cuidaba de otro pequeño nacido en idénticas condiciones y que su hija era adicta desde los 13. La abuela paterna tampoco podía.
Los padres biológicos, finalmente, ingresaron voluntariamente en un centro de desintoxicación. Entonces, la Generalitat calificó su estado de "extrema fragilidad" y sin posibilidad de recuperación. El pequeño fue dado en acogimiento y finalmente en adopción a otra familia. Diez años después, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha condenado a la administración a pagar 980.000 euros a los padres por no haber tenido en cuenta los avances en su tratamiento. De todos modos, nunca podrán recuperar a su hijo.
La sentencia es histórica. Pocas familias en esta situación han llevado su caso a los tribunales. Al año de perder al hijo, los padres comunicaron que estaban ingresados en dos centros de rehabilitación distintos. Habían superado la primera fase del tratamiento. Bienestar Social, sin embargo, emitió dos informes en los que hablaba de los trastornos del menor al recibir sus visitas. En 2004, la Audiencia de Barcelona desestimó un recurso de los padres contra la adopción. Aunque admitía que la administración "actuó con excesiva celeridad, sin datos objetivos de valoración y con el prejuicio más absoluto de que se trataba de dos progenitores drogadictos de muy larga duración y sin posibilidad razonable de rehabilitación". El TSJC considera ahora que en todo el proceso se ignoró la desintoxicación de los padres y la reestructuración familiar.
Tras la resolución judicial la pareja no ha querido hablar, a pesar de que decenas de medios de comunicación lo han intentado. El dolor por la perdida de su hijo quizá nunca podrá ser compensado.
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