Tres personas nacidas en los 70 en un hogar religioso de Vigo se suman a la demanda colectiva de la asociación Anadir ante la Fiscalía General del Estado para que investigue en la ciudad presuntas adopciones irregulares
La lucha y el empeño de tres vigueses por conocer a sus madres biológicas llegará el próximo enero ante la Fiscalía General del Estado. La Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares (Anadir) presentará el día 27 de ese mes una demanda colectiva cuyo objetivo explica el presidente del colectivo, Antonio Barroso: "Queremos que se investiguen 119 adopciones con indicios de irregularidad, de los que tres casos proceden de un mismo centro de Vigo". Uno de ellos, y de los últimos en sumarse a esta larga lista de dramas personales que emergen detrás de las cifras, es José Eduardo C. C., un hombre de 32 años, nacido el 13 de abril de 1978 en el Hospital de la Cruz Roja de Vigo y que fue dado en adopción a una familia de Ordes (A Coruña) por mediación de la casa cuna fundada en la ciudad por una orden catalana en 1975 y cuyos archivos se pedirá investigar.
Estos tres casos particulares y su inclusión en la demanda que promueve a nivel nacional Anadir pretende extender a la ciudad olívica la investigación por la presunta compra de bebés en centros e instituciones españolas durante los años 60, 70 y 80. En el año 1987, la Ley 21/1987 de 11 de noviembre reguló el proceso de adopción y acabó con su antigua concepción como un mero "acto dispositivo entre particulares".
La aprobación de esta primera normativa y el traspaso de competencias a las comunidades autonómas dio cobertura legal a la adopción de menores, pero hasta ese año han quedado en el limbo jurídico decenas de niños con partidas de nacimiento y escrituras de adopción "en las que no se identifica a la madre del recién nacido y plagadas de contradicciones. Cada nuevo caso viene a reafirmar que las adopciones eran un negocio con mucha gente implicada", denuncia el presidente de Anadir, que asesora a personas que sospechan haber sido adoptadas de forma ilegal, como ocurre supuestamente con los tres socios del colectivo que fueron adoptados en Vigo, y de padres a los que en su día informaron de que sus bebés nacieron muertos pero no les dejaron verlos ni pudieron verificarlo después.
Tras recibir el no de la justicia en el proceso iniciado a nivel individual para conocer sus orígenes, Antonio Barroso decidió constituir una asociación nacional de afectados –registrada en el Ministerio del Interior el 11 de febrero de 2010– para sumar esfuerzos e intentar colectivamente sentar jurisprudencia que ampare su derecho a conocer su filiación de origen. Aprovecharán los últimos autos dictados este año en A Coruña, Oviedo, Zaragoza, Palencia, Bilbao y Valencia, entre otras provincias, donde se reconoce por vía judicial el derecho de los demandantes a conocer el nombre de su madre biológica.
"Solo queremos saber quiénes somos y de dónde venimos, no hay nada más sencillo de entender", insiste Barroso, que atiende a FARO por teléfono y envía la abultada documentación sobre su caso y la asociación por correo electrónico. Tal es el número de afectados que se van sumando a la causa que la presentación de la demanda solicitando una investigación a la Fiscalía General del Estado tuvo que retrasarse de octubre a enero. Esto dio tiempo a incorporarse a personas como José Eduardo, cuya única aspiración es "conocer la verdad y que por vía judicial nos permitan acceder a los archivos del hogar donde nos adoptaron".
Su historia tiene muchos rasgos en común con los otros 118 futuros demandantes. "Mi madre llegó a reconocerme que pagó por mi adopción y solo en Ordes hay otros dos casos como el mío", que relata con nombres y fechas, pero que no figuran en la información por no formar parte del proceso conjunto que impulsa Anadir.
Como otros muchos afectados, José Eduardo afirma sentirse solo y la búsqueda que hace seis años emprendió ha terminado por romper la relación con su madre de adopción –el padre falleció–. Entrega a FARO los documentos de adopción y la ficha perinatal, así como el certificado de inscripción en el Registro Civil. En ellos consta como "abandonado" y no figura el nombre de la madre. "Fui inscrito ya con los nombres de mis padres adoptivos en el Registro Civil", asegura con el texto en la mano, por lo que únicamente su color de piel impidió que se le ocultara la verdad desde muy pequeño.
Su investigación particular y su historia forman parte de un documental que rueda la televisión catalana sobre supuestas adopciones irregulares en España y le permitió contactar con otros adoptados que fueron inscritos en el Registro Civil por la misma religiosa que en 1975 dirigía el centro de Vigo donde él quedó en acogida, Josefa G. V. Una de las asociadas de Anadir que le han asesorado en este complejo proceso burocrático, Antonia C. B., nacida el 6 de mayo de 1974 en Barcelona, fue dada en adopción por la misma religiosa y así consta en su certificado de nacimiento. "En Monforte del Cid (Alicante) somos ocho casos en el mismo pueblo, todos procedentes de la misa casa cuna". Al igual que Eduardo, recuerda detalles de su infancia. "Las religiosas nos visitaban muy de vez en cuando y se llevaban un sobre blanco". La investigación determinará si en éste y otros casos se trataba de dinero.
fUENTE: http://www.farodevigo.es/gran-vigo/2010/10/17/vigueses-adoptados-buscan-origenes/482038.html
La lucha y el empeño de tres vigueses por conocer a sus madres biológicas llegará el próximo enero ante la Fiscalía General del Estado. La Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares (Anadir) presentará el día 27 de ese mes una demanda colectiva cuyo objetivo explica el presidente del colectivo, Antonio Barroso: "Queremos que se investiguen 119 adopciones con indicios de irregularidad, de los que tres casos proceden de un mismo centro de Vigo". Uno de ellos, y de los últimos en sumarse a esta larga lista de dramas personales que emergen detrás de las cifras, es José Eduardo C. C., un hombre de 32 años, nacido el 13 de abril de 1978 en el Hospital de la Cruz Roja de Vigo y que fue dado en adopción a una familia de Ordes (A Coruña) por mediación de la casa cuna fundada en la ciudad por una orden catalana en 1975 y cuyos archivos se pedirá investigar.
Estos tres casos particulares y su inclusión en la demanda que promueve a nivel nacional Anadir pretende extender a la ciudad olívica la investigación por la presunta compra de bebés en centros e instituciones españolas durante los años 60, 70 y 80. En el año 1987, la Ley 21/1987 de 11 de noviembre reguló el proceso de adopción y acabó con su antigua concepción como un mero "acto dispositivo entre particulares".
La aprobación de esta primera normativa y el traspaso de competencias a las comunidades autonómas dio cobertura legal a la adopción de menores, pero hasta ese año han quedado en el limbo jurídico decenas de niños con partidas de nacimiento y escrituras de adopción "en las que no se identifica a la madre del recién nacido y plagadas de contradicciones. Cada nuevo caso viene a reafirmar que las adopciones eran un negocio con mucha gente implicada", denuncia el presidente de Anadir, que asesora a personas que sospechan haber sido adoptadas de forma ilegal, como ocurre supuestamente con los tres socios del colectivo que fueron adoptados en Vigo, y de padres a los que en su día informaron de que sus bebés nacieron muertos pero no les dejaron verlos ni pudieron verificarlo después.
Tras recibir el no de la justicia en el proceso iniciado a nivel individual para conocer sus orígenes, Antonio Barroso decidió constituir una asociación nacional de afectados –registrada en el Ministerio del Interior el 11 de febrero de 2010– para sumar esfuerzos e intentar colectivamente sentar jurisprudencia que ampare su derecho a conocer su filiación de origen. Aprovecharán los últimos autos dictados este año en A Coruña, Oviedo, Zaragoza, Palencia, Bilbao y Valencia, entre otras provincias, donde se reconoce por vía judicial el derecho de los demandantes a conocer el nombre de su madre biológica.
"Solo queremos saber quiénes somos y de dónde venimos, no hay nada más sencillo de entender", insiste Barroso, que atiende a FARO por teléfono y envía la abultada documentación sobre su caso y la asociación por correo electrónico. Tal es el número de afectados que se van sumando a la causa que la presentación de la demanda solicitando una investigación a la Fiscalía General del Estado tuvo que retrasarse de octubre a enero. Esto dio tiempo a incorporarse a personas como José Eduardo, cuya única aspiración es "conocer la verdad y que por vía judicial nos permitan acceder a los archivos del hogar donde nos adoptaron".
Su historia tiene muchos rasgos en común con los otros 118 futuros demandantes. "Mi madre llegó a reconocerme que pagó por mi adopción y solo en Ordes hay otros dos casos como el mío", que relata con nombres y fechas, pero que no figuran en la información por no formar parte del proceso conjunto que impulsa Anadir.
Como otros muchos afectados, José Eduardo afirma sentirse solo y la búsqueda que hace seis años emprendió ha terminado por romper la relación con su madre de adopción –el padre falleció–. Entrega a FARO los documentos de adopción y la ficha perinatal, así como el certificado de inscripción en el Registro Civil. En ellos consta como "abandonado" y no figura el nombre de la madre. "Fui inscrito ya con los nombres de mis padres adoptivos en el Registro Civil", asegura con el texto en la mano, por lo que únicamente su color de piel impidió que se le ocultara la verdad desde muy pequeño.
Su investigación particular y su historia forman parte de un documental que rueda la televisión catalana sobre supuestas adopciones irregulares en España y le permitió contactar con otros adoptados que fueron inscritos en el Registro Civil por la misma religiosa que en 1975 dirigía el centro de Vigo donde él quedó en acogida, Josefa G. V. Una de las asociadas de Anadir que le han asesorado en este complejo proceso burocrático, Antonia C. B., nacida el 6 de mayo de 1974 en Barcelona, fue dada en adopción por la misma religiosa y así consta en su certificado de nacimiento. "En Monforte del Cid (Alicante) somos ocho casos en el mismo pueblo, todos procedentes de la misa casa cuna". Al igual que Eduardo, recuerda detalles de su infancia. "Las religiosas nos visitaban muy de vez en cuando y se llevaban un sobre blanco". La investigación determinará si en éste y otros casos se trataba de dinero.
fUENTE: http://www.farodevigo.es/gran-vigo/2010/10/17/vigueses-adoptados-buscan-origenes/482038.html
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