- Madrid | hace 8 minutos
La Fiscalía ha detectado serios problemas en la adopción de niños rumanos abandonados y pone de manifiesto la "pasividad" de Bucarest en la repatriación de sus menores, que están abocados a un acogimiento familiar permanente pues Rumanía proscribe la adopción internacional de sus nacionales.
La Memoria de la Fiscalía General del Estado correspondiente a 2008 -difundida con ocasión de la apertura del año judicial- constata también en relación al tema de menores muchas dificultades para ejecutar medidas penales y la falta de centros adecuados para tratar a jóvenes con enfermedades psíquicas y problemas de conducta.
Los fiscales destacan en su informe situaciones de paralización de expedientes de adopción de niños rumanos y la pluralidad de ocasiones en las que sus padres los entregan a las entidades públicas, muchos de ellos recién nacidos.
En esta línea, la Sección de Menores de la Fiscalía Provincial de Sevilla recalca la dificultad de dar salida definitiva a los niños a a causa de la existencia de un acuerdo entre Rumanía y España por el que se establece su repatriación.
Pero la devolución "nunca llega a ejecutarse por la pasividad de las autoridades rumanas que, sin embargo, ponen de manifiesto que la legislación de su país proscribe la adopción internacional de sus nacionales".
En la Memoria, los fiscales de Cáceres aluden a la interpretación que realiza la embajada de Rumanía y el Consulado en estos casos, con la que se muestran en desacuerdo.
Refieren que -a juicio de los representantes de Bucarest- el domicilio del menor rumano nacido en España es irregular porque los padres biológicos, ciudadanos rumanos nacidos en el extranjero, no tienen domicilio legal en el exterior y, por tanto, la residencia legal de estos niños es Rumanía.
Esta lectura sobre el domicilio de los menores (ilegal porque el de sus padres es ilegal) "es contraria al derecho de la Unión de la que este país es miembro de pleno derecho desde 2007, y uno de los pilares y fundamentos de la UE es la libre circulación de personas", razonan los fiscales de Cáceres.
"Afortunadamente en 2008 ha concluido con la propuesta de varias adopciones de estos niños, lo que permitirá ofrecerles un nivel de vida adecuado para su desarrollo", concluyen.
Por otro lado, la Fiscalía destaca una mejora considerable en la situación general del sistema de justicia juvenil, pero observan problemas en la fase de ejecución de las medidas.
En algunos casos "llegan hasta el punto de que se genera en los menores una peligrosa sensación de impunidad, ya que al ver que han cometido un delito y que han sido enjuiciados y condenados pero no se ejecuta la medida, piensan que el asunto se ha archivado o que se han olvidado de su caso y ya no les va a pasar nada".
La mayoría de las disfunciones -dicen- se deben al funcionamiento de los equipos técnicos, "verdadero cuello de botella" en la tramitación de los expedientes en numerosas fiscalías.
Al igual que en años anteriores, los datos de la Memoria revelan un preocupante aumento de los delitos de violencia doméstica y de género, en especial la ejercida por los hijos adolescentes sobre sus padres.
En estas infracciones penales no hay distinción de clases sociales y se detecta un porcentaje alto de reincidencia.
Por otro lado, la Fiscalía recuerda que, si bien la pauta general en la adopción de las medidas de protección será reintegrar al menor con su familia de origen, ello no debe ser óbice para constituir acogimientos preadoptivos o adopciones inmediatas, cuando conste la imposibilidad de los padres de cuidar de sus hijos.
En los casos más evidentes se sugiere promover la privación definitiva de la patria potestad para lograr mayores posibilidades de estabilización de la situación de los menores.
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