Las madres eran engañadas y pensaban que sus hijos habían muerto
La primera demanda judicial la puso hace algunos meses un matrimonio y la Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Ilegales (Anadir) está recopilando datos para, junto con otros 60 supuestos afectados, presentar el próximo octubre una denuncia colectiva en la Audiencia Nacional en la que se suman casos de Cádiz (las hermanas Díaz Carrasco, la primera de las 12 historias que ahora investiga la Fiscalía de Algeciras), Málaga, Tenerife, Murcia, Barcelona, Tarragona, Zaragoza, Madrid, Burgos, Bilbao, Alicante y Valencia. Toda esta trama de adopciones irregulares ha sido denunciada en varios reportajes publicados en medios nacionales como ‘El País’ y ‘Antena3’, en los que se hablaba de niños adoptados de forma ilegal a través de unos centros sanitarios. En los casos de la trama que afectaría a la ciudad se trataría de unos centros de la Línea de la Concepción que entre 1960 y los años ochenta podrían haberse dedicado a este tipo de prácticas. Se cree que el destino de los pequeños podría haber sido Barcelona, Madrid, Bilbao y Ceuta, donde algunas familias pudientes se habrían hecho cargo de los niños adoptados.
La existencia de estos casos en la provincia de Cádiz se ha desvelado a raíz de que un fotógrafo gaditano tuvo que abrir el nicho en el que estaba su hijo, por unas reformas en el cementerio, y se encontró con una caja vacía. En los acontecimientos que se investigan hay muchos puntos en común con lo que sucedió en la tristemente famosa clínica San Ramón de Madrid. En ese centro sanitario, y después se ha sabido que en muchos más de toda España, se robaban bebés para darlos en adopción de forma ilegal. El modus operandi era siempre el mismo: a las madres las sedaban durante el parto y cuando despertaban les mentían diciendo que sus hijos habían muerto, mostrándoles incluso alguno de los cadáveres que guardaban en el depósito. En los doce casos de los que que se ha sabido hasta ahora -una de las hermanas Díaz afirma que ya son muchos más- el patrón de familia es el mismo: matrimonios humildes, que habían emigrado de otras regiones de España y no tenían un soporte familiar o social en la ciudad. Solamente hay un caso que rompe esta regla.
Los primeros bebés que se sospecha que pudieron ser vendidos nacieron en los año 60. Todos los casos de La Línea de la Concepción se dieron en hospitales y clínicas en las que trabajaban los mismos ginecólogos. Uno de ellos ya falleció y el otro ha negado que trabajara en esos centros. En el caso de los intermediarios se cree que algunos podrían ser religiosos. En el caso de Ceuta se apunta incluso a alguna de las monjas que durante ese tiempo se encargaba de tareas en el hospital como enlace con las familias que quería adoptar a algún bebé, aunque este extremo todavía no ha sido confirmado oficialmente.
La triste conclusión de todo este caso es que entre los años 1960 y 1980 una mujer podía ir a dar a luz a una clínica y salir pensando que su bebé había muerto, mientras otra que había entrado con una barriga postiza y 250.000 pesetas -también se habla de uno o dos millones de pesetas- se llevaba a un crío y unos papeles que certificaban que era su madre biológica.
Los juzgados de Ceuta han tenido varios casos
Los juzgados de Ceuta han sido testigos de varios casos de adopciones presuntamente irregulares en los últimos 30 años. Históricamente estos casos eran derivados a la Audiencia Provincial de Cádiz, donde terminaban perdidos en el limbo, aunque eran instruidos aquí. Según ha podido saber ‘El Faro’, los supuestos que generalmente se producían en Ceuta se podían calificar como “inmorales” y no como “ilegales”, aunque ha habido de todo. La principal práctica en la ciudad hasta el año 1987 consistía en la adopción pactada directamente con la madre a cambio del pago de una cantidad económica. En muchas ocasiones se trataba de madres marroquíes que iban a dar a luz y su niño iba a ser adoptado -comprado- por una familia de Ceuta sin que la adopción pasara por el organismo estatal correspondiente. El problema es que este tipo de prácticas era legal -e inmoral- hasta el año 1987. Según fuentes cercanas, este tipo de intercambios se siguió realizando en la ciudad de la misma forma durante algunos años más.
Hasta el año 1987 la legislación permitía cierto tipo de adopciones
La regulación de la adopción ha sido objeto en España de sucesivas reformas hasta llegar a la Ley 7/1970, de 4 de julio , con los ligeros retoques que introdujeron las Leyes 11/1981, de 13 de mayo, y 30/1981, de 7 de julio . Pese a la modernización que pudo suponer la modificación del Código Civil operada en 1970 y a los buenos propósitos del legislador, es preciso reconocer que el régimen vigente ese momento no llegaba a satisfacer plenamente la función social que debe cumplir esta institución. Hasta 1987 había una falta casi absoluta de control de las actuaciones que preceden a la adopción y esto permitía en ocasiones el tráfico de niños e impedía una adecuada selección de los adoptantes. La nueva ley tenía como finalidad la integración familiar del adoptado y velar por el interés del menor.
La AUGC denunció recientemente su sospecha sobre prácticas ilegales en Ceuta
La Asociación Unificada de Guardias Civiles en la ciudad (AUGC) realizó en el mes de junio una denuncia a propósito de la existencia de una presunta trama para atender a marroquíes en el Hospital Universitario, lo que supondría la existencia de actividades ilícitas. Ellos descubrieron un patrón que se repite entre la presunta red que se lucra con el traslado a la ciudad de embarazadas marroquíes y un grupo de mujeres que suele acompañar a las madres durrante el parto y en la posterior prueba del talón.
Esta coincidencia ha captado la atención de la AUGC, unas ‘familiares’ que se repiten en un número indeterminado de veces ya que en el centro de salud del Tarajal existen tres consultas de Pediatría. Estas personas, principalmente mujeres, siempre traducen a las madres las indicaciones del médico, prestan su ayuda o hace las gestiones ante el doctor. Según las investigaciones llevadas a cabo por la AUGC, se da la circunstancia de que “las embarazadas acuden al hospital acompañadas de otras mujeres que aseguran ser sus familiares” con la salvedad de que esas supuestas familiares “siempre son las mismas”. Se ha dado la circunstancia de que “una misma mujer ha llegado a llevar de dos a tres embarazadas al hospital para dar a luz”.
Estas sospechas se unen a una conocida práctica por la que algunas mujeres marroquíes, en ocasiones prostitutas, habrían venido a la ciudad a dar luz con la intención de vender al recién nacido. En diferentes ocasiones, cuando una de estas mujeres está pariendo se ha podido observar en la sala de espera a unos familiares que no serían marroquíes. La suspicacia levantada por esas presencia e incluso las palabras cruzadas en más de un paritorio ha hecho que algunos trabajadores hayan intercedido para evitar que se llevara a cabo algún tipo de intercambio ilegal.
Aunque nadie lo dice abiertamente ni se denuncia de forma oficial, los indicios que apuntan a la existencia de adopciones ilegales en Ceuta siguen siendo muy altos. Y no hay que remontarse hasta los años 60 para encontrar casos, en el año 2005 durante la celebración del famoso juicio por el caso ‘Kimbi’, que se llevó a cabo en la Audiencia Provincial, el tribunal dedujo testimonio sobre un posible caso de adopción irregular que afectaba a uno de los testigos, quien habría sido chantajeado con que se desvelara esa cuestión si no declaraba en un sentido concreto.
La lista de supuestos de adopciones irregulares en Ceuta es mucho más amplia y la forma en que se producen es bien conocida: una mujer marroquí vende a su hijo a una familia pudiente.
Conocer la verdad: Posible prescripción de los casos
Una historia que se remonta a los 60
La Fiscalía de Algeciras ha abierto diligencias para investigar la supuesta desaparición de varios bebés nacidos en el antiguo hospital municipal de la localidad gaditana de La Línea de la Concepción sobre los años 60. Sin embargo, los delitos podrían haber prescrito. En cualquier caso, desde el Ministerio Fiscal han manifestado a varios medios que “todo apunta a que los posibles delitos penales o civiles que pudieran haberse cometido ya estén prescritos”, si bien se piensan abiertas las diligencias para conocer los detalles, sobre todo tras la petición de algunas familias que han mostrado su preocupación por lo ocurrido hace ahora más de 40 años.
Acerca de los posibles delitos que pudieran haberse cometido, de los que se ha venido haciendo eco medios nacionales, se ceñirían a la falsedad documental, en el caso de haber inscrito a un recién nacido con otro nombre. Todo este asunto, que ahora se reabre de manera oficial, será investigado y analizando por los responsables de la Fiscalía sin perjuicio de que se pueda archivar la causa debido al tiempo transcurrido desde los hechos. En cualquier caso, los protagonistas de estas historias no quieren depurar responsabilidades, en principio, sino conocer la verdad sobre sus orígenes y evitar que casos como los suyos -se calculan más de 200.000 en toda España- vuelvan a repetirse.
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