Limitaciones para que las familias biológicas no puedan boicotear procesos de adopción | La Generalitat podrá dictar medidas cautelares durante 72 horas sin autorización judicial | Sobre el aborto, la ley sólo dice que las chicas tienen derecho a decidir según la norma vigente | Se crea un nuevo Registro Unificado de los Malos Tratos Infantiles
Ha tardado cinco años en dar a luz, pero, si nada se tuerce, hoy el Parlament de Catalunya aprobará de forma unánime la nueva Llei dels Drets i les Oportunitats de la Infància i l´Adolescència. Uno de los principios orientadores de la ley es proteger los derechos del menor y dar voz al niño, considerado así hasta los doce años, y al adolescente, entre 12 y 18 años.
La ley se empezó a tramitar siendo consellera Anna Simó, en la primera legislatura del tripartito, pero cayó con el cambio de Govern y, tras una larga negociación parlamentaria y algunos cambios significativos por el camino, finalmente obtendrá la luz verde, impulsada ahora por la consellera de Acció Social i Ciutadania, Carme Capdevila. Es una ley que unifica toda la legislación relativa a la protección de la infancia, competencia exclusiva de la Generalitat, pero al mismo tiempo atiende al conjunto de menores y no sólo a los que están en situación de riesgo, para garantizarles y visualizar que son sujetos de derechos y oportunidades.
Dar la voz al menor significa entre otras cosas impulsar Consells de Participació de la Infància a nivel municipal, establecer la obligación de comunicar al menor cualquier medida administrativa que le afecte - lo cual le dará la oportunidad de impugnar a partir de los 12 años-o resaltar el derecho a decidir sobre la propia maternidad. De todos modos sobre ese último y polémico punto el Govern ha dado marcha atrás en sus primeras intenciones de tener en cuenta la opinión de las menores de 16 años para poder abortar (en cuyo caso y si había discrepancia con con los padres debían decidir los jueces). pero tambiénTras las modificaciones les obliga a ser legislativas más partícipes en las decisiones sobre el aborto sociales aprobadas por las Cortes, la ley catalana ha optado por una versión más genérica. El artículo 47.1 queda reducido a esa declaración: "Las chicas tienen derecho a decidir sobre la maternidad en relación con su grado de madurez, de acuerdo con la legislación específica".
Desde la Conselleria d´Acció Social se destaca que se trata de una norma que abre nuevas perspectivas en ámbitos muy burocratizados. La presencia de familias acogedoras profesionales, la posibilidad de adoptar medidas cautelares durante 72 horas en casos de agresiones a menores (sin necesidad de autorización judicial) o la limitación de los plazos para presentar recurso para las familias biológicas para que no boicoteen procesos de adopción o acogida suponen tres ejemplos de un salto cualitativo.
Cuando en el año 2006 una comisión de expertos propuso las líneas básicas de la nueva ley de la infancia, una de sus recomendaciones era reducir la estancia de los menores tutelados en los centros residenciales. En aquel momento había 2.200. Ahora han aumentado hasta 2.766 y la ley, como es lógico, no se propone metas concretas. Aun así, establece medidas de apoyo a las familias reconociendo que representan el mejor espacio para el desarrollo del menor. La nueva regulación de las medidas de protección debe abrir la puerta a una reducción de los menores ahora condenados a vivir en centros residenciales con pocas esperanzas de salir de ellos antes de los 18 años.
Estas medidas son la acogida permanente, ahora inexistente, pensada para cuando no sea posible la adopción y se prevea un desamparo definitivo; la acogida profesional, con personas calificadas, seleccionadas y remuneradas que acogerán niños con diversidades funcionales, grupos de hermanos o con necesidades educativas especiales (cada familia puede llegar a acoger hasta cuatro menores); y las mayores facilidades para la acogida preadoptiva. Otra de las especificidades es que se regula cómo atender a jóvenes ex tutelados entre los 18 y los 21 años a petición de los propios interesados. Actualmente la mayoría de edad acostumbra a suponer un problema complejo para muchos de estos jóvenes tutelados que han pasado los años anteriores en centros residenciales.
Los padres biológicos dispondrán a partir de ahora de tres meses - un año de forma excepcional-para recurrir las resoluciones de desamparo, que suponen separar al niño de la familia y otorgar la tutela a la Generalitat. Hasta ahora podían oponerse en cualquier momento, por lo que los expedientes de resolución judicial podían durar años, dificultando procesos como la acogida familiar y la adopción. Asimismo, los familiares dispondrán de dos meses para oponerse a la acogida preadoptiva, que cuando sea firme hará innecesario el consentimiento de los padres biológicos para continuar con la adopción. Entre la preadopción y la adopción definitiva pasará como mucho un año y medio, frente a los tres o cuatro años actuales. Según la consellera Capdevila, los plazos evitarán que la estancia de niños en centros residenciales "se eternice" por las "constantes oposiciones" de la familia biológica.
Las medidas más urgentes se implantarán en un plazo máximo de dos meses, mientras que el resto se pondrán en marcha durante los seis meses posteriores a la entrada en vigor de la norma, cuyo desarrollo completo durará tres años. La memoria económica de la ley señala un gasto anual de 2.820.000 euros, de los cuales 235.000 corresponden a la puesta en marcha de un Centro de Investigación sobre Malos Tratos Infantiles. A partir del 2011 se prevé que entre en vigor una prestación para menores de edad en situación de riesgo, lo que supondrá un aumento de 1,1 millones de euros. Otros costes importantes son los derivados de la creación de un Registro Unificado de Malos Tratos Infantiles, de la Unidad de Detección y Prevención del Mal Trato Infantil y del servicio Infància Respon. También se crearán unos servicios de atención especializada para víctimas de abusos sexuales.
Josep Lluis Cleries, diputado de CiU, ha asegurado que su partido votará a favor de la ley porque se han introducido 50 de sus enmiendas parciales. Según este diputado, buena parte del redactado se limita a recoger derechos ya reconocidos en la legislación actual o en normativas internacionales y sólo 21 artículos representan una novedad. Cleries ha calificado de "trascendental" la reducción del plazo para "recorrer las resoluciones de desamparo, que pasa de los dos años actuales a uno".
Proyecto de ley de los derechos y oportunidades en la infancia y adolescencia
Acceso al texto del proyecto de ley, en formato Word. (Está en catalán. Para los que lo entiendan y sepan traducirlo. No lo he encontrado en castellano)
Fuente: http://www.lavanguardia.es/ciudadanos/noticias/20100512/53925712539/el-parlament-aprueba-hoy-una-ley-que-busca-reducir-el-numero-de-jovenes-tutelados.html
Ha tardado cinco años en dar a luz, pero, si nada se tuerce, hoy el Parlament de Catalunya aprobará de forma unánime la nueva Llei dels Drets i les Oportunitats de la Infància i l´Adolescència. Uno de los principios orientadores de la ley es proteger los derechos del menor y dar voz al niño, considerado así hasta los doce años, y al adolescente, entre 12 y 18 años.
La ley se empezó a tramitar siendo consellera Anna Simó, en la primera legislatura del tripartito, pero cayó con el cambio de Govern y, tras una larga negociación parlamentaria y algunos cambios significativos por el camino, finalmente obtendrá la luz verde, impulsada ahora por la consellera de Acció Social i Ciutadania, Carme Capdevila. Es una ley que unifica toda la legislación relativa a la protección de la infancia, competencia exclusiva de la Generalitat, pero al mismo tiempo atiende al conjunto de menores y no sólo a los que están en situación de riesgo, para garantizarles y visualizar que son sujetos de derechos y oportunidades.
Dar la voz al menor significa entre otras cosas impulsar Consells de Participació de la Infància a nivel municipal, establecer la obligación de comunicar al menor cualquier medida administrativa que le afecte - lo cual le dará la oportunidad de impugnar a partir de los 12 años-o resaltar el derecho a decidir sobre la propia maternidad. De todos modos sobre ese último y polémico punto el Govern ha dado marcha atrás en sus primeras intenciones de tener en cuenta la opinión de las menores de 16 años para poder abortar (en cuyo caso y si había discrepancia con con los padres debían decidir los jueces). pero tambiénTras las modificaciones les obliga a ser legislativas más partícipes en las decisiones sobre el aborto sociales aprobadas por las Cortes, la ley catalana ha optado por una versión más genérica. El artículo 47.1 queda reducido a esa declaración: "Las chicas tienen derecho a decidir sobre la maternidad en relación con su grado de madurez, de acuerdo con la legislación específica".
Desde la Conselleria d´Acció Social se destaca que se trata de una norma que abre nuevas perspectivas en ámbitos muy burocratizados. La presencia de familias acogedoras profesionales, la posibilidad de adoptar medidas cautelares durante 72 horas en casos de agresiones a menores (sin necesidad de autorización judicial) o la limitación de los plazos para presentar recurso para las familias biológicas para que no boicoteen procesos de adopción o acogida suponen tres ejemplos de un salto cualitativo.
Cuando en el año 2006 una comisión de expertos propuso las líneas básicas de la nueva ley de la infancia, una de sus recomendaciones era reducir la estancia de los menores tutelados en los centros residenciales. En aquel momento había 2.200. Ahora han aumentado hasta 2.766 y la ley, como es lógico, no se propone metas concretas. Aun así, establece medidas de apoyo a las familias reconociendo que representan el mejor espacio para el desarrollo del menor. La nueva regulación de las medidas de protección debe abrir la puerta a una reducción de los menores ahora condenados a vivir en centros residenciales con pocas esperanzas de salir de ellos antes de los 18 años.
Estas medidas son la acogida permanente, ahora inexistente, pensada para cuando no sea posible la adopción y se prevea un desamparo definitivo; la acogida profesional, con personas calificadas, seleccionadas y remuneradas que acogerán niños con diversidades funcionales, grupos de hermanos o con necesidades educativas especiales (cada familia puede llegar a acoger hasta cuatro menores); y las mayores facilidades para la acogida preadoptiva. Otra de las especificidades es que se regula cómo atender a jóvenes ex tutelados entre los 18 y los 21 años a petición de los propios interesados. Actualmente la mayoría de edad acostumbra a suponer un problema complejo para muchos de estos jóvenes tutelados que han pasado los años anteriores en centros residenciales.
Los padres biológicos dispondrán a partir de ahora de tres meses - un año de forma excepcional-para recurrir las resoluciones de desamparo, que suponen separar al niño de la familia y otorgar la tutela a la Generalitat. Hasta ahora podían oponerse en cualquier momento, por lo que los expedientes de resolución judicial podían durar años, dificultando procesos como la acogida familiar y la adopción. Asimismo, los familiares dispondrán de dos meses para oponerse a la acogida preadoptiva, que cuando sea firme hará innecesario el consentimiento de los padres biológicos para continuar con la adopción. Entre la preadopción y la adopción definitiva pasará como mucho un año y medio, frente a los tres o cuatro años actuales. Según la consellera Capdevila, los plazos evitarán que la estancia de niños en centros residenciales "se eternice" por las "constantes oposiciones" de la familia biológica.
Las medidas más urgentes se implantarán en un plazo máximo de dos meses, mientras que el resto se pondrán en marcha durante los seis meses posteriores a la entrada en vigor de la norma, cuyo desarrollo completo durará tres años. La memoria económica de la ley señala un gasto anual de 2.820.000 euros, de los cuales 235.000 corresponden a la puesta en marcha de un Centro de Investigación sobre Malos Tratos Infantiles. A partir del 2011 se prevé que entre en vigor una prestación para menores de edad en situación de riesgo, lo que supondrá un aumento de 1,1 millones de euros. Otros costes importantes son los derivados de la creación de un Registro Unificado de Malos Tratos Infantiles, de la Unidad de Detección y Prevención del Mal Trato Infantil y del servicio Infància Respon. También se crearán unos servicios de atención especializada para víctimas de abusos sexuales.
Josep Lluis Cleries, diputado de CiU, ha asegurado que su partido votará a favor de la ley porque se han introducido 50 de sus enmiendas parciales. Según este diputado, buena parte del redactado se limita a recoger derechos ya reconocidos en la legislación actual o en normativas internacionales y sólo 21 artículos representan una novedad. Cleries ha calificado de "trascendental" la reducción del plazo para "recorrer las resoluciones de desamparo, que pasa de los dos años actuales a uno".
Proyecto de ley de los derechos y oportunidades en la infancia y adolescencia
Acceso al texto del proyecto de ley, en formato Word. (Está en catalán. Para los que lo entiendan y sepan traducirlo. No lo he encontrado en castellano)
Fuente: http://www.lavanguardia.es/ciudadanos/noticias/20100512/53925712539/el-parlament-aprueba-hoy-una-ley-que-busca-reducir-el-numero-de-jovenes-tutelados.html
Comentarios