El Parlament de Catalunya aprobará hoy la ley de los derechos y las oportunidades de la infancia y la adolescencia, una compilación que se convertirá en un texto capital en defensa de los menores de edad, asunto en el que la competencia es exclusiva de la Generalitat.
La ley es importante por cuanto se plantea la defensa universal de una franja de la población especialmente amenazada en muchos casos, con especificación de las circunstancias que generan especial alarma, como los malos tratos. Pero también pone énfasis en aspectos como el absentismo escolar, la necesaria implicación de la sociedad para con la infancia y la juventud o el apoyo que en este campo deben prestar los ayuntamientos de manera subsidiaria.
Los aspectos más destacables se centran en la nueva definición de la figura del desamparo y de las llamadas situaciones de riesgo que pueden vivir los menores, y, como consecuencia, en el papel que va a ejercer la Generalitat responsabilizándose de la protección sin tener que llegar a asumir necesariamente la tutela más que en casos determinados. La ley agiliza también los procesos de adopción y ofrece, en este sentido, mayor seguridad jurídica a las familias adoptantes, que podrán evitar episodios lamentables y lacerantes de tiras y aflojas judiciales permanentes con los padres biológicos, que ven reducidos los plazos de recurso para recuperar la tutela a unos límites más razonables, siempre en beneficio de la estabilidad emocional del menor. Como alternativa a la adopción, el concepto de acogida familiar, permanente o especializada, también se ve reforzado en una ley que, en conjunto, va a favor de los criterios progresistas de una sociedad avanzada.
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